El 4/7 hubo un intenso debate de 16 horas en Diputados que al fin con alguna modificación regresó al Senado. El asunto tratado fue el proyecto de reparación a víctimas de grupos armados entre 1962 y 1976, que sin los votos del Frente Amplio, otorgará reparaciones patrimoniales que pagará el Estado de USD 50.000 a “quienes fueron privados de su libertad por más de 72 horas, o a sus causahabientes”, de USD 100.000 a “quienes sufrieron incapacitación permanente, total o parcial, para el trabajo o a sus causahabientes” y de USD 150.000 a “los causahabientes de quienes perdieron la vida”. Las solicitudes de reparación serán analizadas por una comisión especial de cinco integrantes que dependerá del MEC.

El proyecto de cinco artículos sufrió una modificación de Cabildo Abierto y recibió media sanción del Senado. El argumento básico del Frente Amplio para no votar la iniciativa fue que el texto viola el principio de igualdad porque multiplica los montos con respecto a las reparaciones a víctimas del terrorismo de Estado.

En esa línea, Claudia Hugo explicó que el voto por la negativa no debe ser interpretado “como una negativa a la reparación de víctimas a manos de grupos violentos” porque "un gran número de uruguayas y uruguayos que no adherían a la utilización de medios violentos para manifestar sus ideas políticas fueron asesinados por cobardes que se escondieron tras posturas políticas para dar rienda suelta a los más cruentos crímenes contra otros seres humanos”.

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