En la edición del pasado 23 de setiembre, NOTICIAS realizó un avance de lo ocurrido con el cierre del acceso a Puerto Platero, y el tratamiento en la Junta Departamental en su sesión extraordinaria del martes 20 de setiembre. No se conoce quién llevó el asunto a Fiscalía de Rosario, porque el propietario no ha comparecido ante las autoridades, ni ha sido convocado que se sepa por esa dependencia, que habría sido llamada a intervenir.

Cabe exponer que la Intendencia ha venido esquivando una potestad que es de su competencia al conocer si el camino es de acceso público porque es anterior o posterior a la ley de Expropiaciones de 1912. Si fuera anterior, ese camino habría pasado a dominio público, y fin de la historia.

En ocasión de la sesión extraordinaria para tratar la situación del cierre del camino de acceso a Puerto Platero tuvo lugar un fuerte cruce dialéctico entre el edil frenteamplista Juan Pablo Roselli y el director de Ordenamiento Territorial Martín Avelino.

Exponemos la necesaria discusión entre dos posturas antagónicas. En el intercambio puede apreciarse dónde está parado cada uno, cuando hablamos del interés legítimo de circulación para llegar a nuestras costas.

El director Avelino dijo no poder hacer nada y que la competencia era de la fiscal. Horas después fue desmentido por la propia fiscal Sandra Fleitas, que dejó en claro que la pelota está en la cancha de la Intendencia.

En algún momento del debate, la confusión era tal, que Avelino parecía defender mejor los argumentos de los propietarios que los de la comunidad. A esta altura, si el director encargado de un área tan sensible como el ordenamiento territorial y actuando en representación del Intendente no sabe cuáles son sus potestades, debemos preguntarnos en manos de quiénes estamos los colonienses.

Transcribimos un extracto del intercambio ocurrido en la Junta, para que el lector juzgue por sí mismo.

El debate

Roselli: El interés general del acceso de la comunidad a la costa está absolutamente claro, y me parece que hay que tomar otra iniciativa en la defensa del interés general. No se puede balconear esto. Hay que tomar iniciativa, hay que especular menos y hay que hacerse cargo de la defensa del interés general.

¿Y por qué no interviene el Gobierno Departamental como parte (en una demanda)?

Avelino: Porque no tenemos la certeza que sea de dominio público, justamente.

R: No tengo ninguna duda que la defensa del interés general no pasa por una actitud pasiva, por esperar que un tercero resuelva… Aquí hay derechos de la comunidad, y los Gobiernos Departamentales tienen la tutela de esos derechos de la comunidad…

A: Se tutelan los derechos en materia de interés general. Nosotros no tenemos una actitud pasiva. Hemos brindado información y hemos clarificado absolutamente todo y entregado…

R: No somos parte. No tenemos una presunción. La única duda que tenemos es si eso pasó o no pasó al dominio público. ¿No tenemos derecho a intervenir como parte nosotros en la controversia?

A: Hay un litigio abierto. ¿Qué vamos a hacer, un litigio paralelo?

R: ¿Y por qué no? Porque a nosotros nos compete la defensa del interés general.

A: No.

R: ¿Ah, no?

A: El primero es el de la fiscalía. Nosotros como Intendencia protegemos el interés general. El papel que tiene la fiscalía en esta materia es muy específico, creado por una ley. Alguno discute si la fiscalía puede llegar a intervenir. Hasta esa discusión que es un tema netamente jurídico…

R: ¡No, no, no, no! Porque allí hay un derecho que son derechos de la comunidad que no son de la fiscalía, son del Gobierno Departamental sobre el acceso de las personas a la costa, al uso y el goce del territorio.

A: El acceso a la costa no está discutido.

Se cortó el acceso por esa vía, pero el acceso a la costa no está impedido.

R: Bueno, ¿y con el otro acceso, llegan calles de la misma manera, se puede llegar con vehículos, con camiones?

A: No, no se puede llegar. Justamente no se puede entrar con vehículos.

R: Bueno, entonces no hay que ser Einstein para darse cuenta que hay derechos de la comunidad vulnerados. ¿Y nosotros no tenemos nada qué decir, usted dice que la tenemos que balconear?

A: Nosotros no balconeamos nada.

R: ¡Ah, pero no actuamos! No vamos al juzgado y hacemos la denuncia correspondiente, pedir que se libere al uso público. ¿No tenemos nada para decir? ¿Tenemos que esperar?

A: ¿Con qué argumento, pide la expropiación?

R: No, que se libere al uso público porque es de la comunidad, porque hay un acceso que está vedado…

A: Entonces, “no cedo a su pedido de apertura del portón, haga lo que tenga que hacer”. Y esa fue la respuesta.

La fiscalía naturalmente está evaluando las acciones. Si la fiscalía no avanza…

R: Mire, el Estado no especula, el Estado garantiza derechos. No juega al truco con los derechos de los ciudadanos, va de frente, se hace cargo de sus potestades y las aplica. Usted está sosteniendo todo lo contrario.

A: ¿Usted pretende que nosotros reclamemos derechos que no sabemos si tenemos?

R: Sí, que los reclame sí, en la presunción de que sí los tenemos, no tenga ninguna duda, y una legítima presunción, además.

A: Justamente, no va de presunción, va de certeza. La certeza nos la va a dar una sentencia judicial.

R: Le pido que sea parte en el Juzgado. Que garantice activamente los derechos ciudadanos.

A: Y cuáles son esos derechos ciudadanos

R: El acceso a la costa, tal como lo vino haciendo anteriormente, para el disfrute de los bienes naturales públicos, para el disfrute del lucro de una actividad económica.

A: Ya está garantizado. No por ese camino, por otro.

R: No. Y no de la misma manera, y no para obtener el fruto de la actividad económica que allí se realiza, no se puede obtener de la misma manera porque no pueden llegar… Bueno ya se habló del tema de la pesca, de los vehículos. Entonces, ¿hay derechos de la comunidad afectados? Derechos económicos también, y nosotros miramos para otro lado.

A: Abrimos nosotros la fábrica. Soy uno de los gestores de esa fábrica para los pescadores.

R: Y entonces, esa propia inversión que se hizo no está siendo protegida. Allí hay un derecho de la propia Intendencia y hay una inversión de la Intendencia que no se está protegiendo. Más a mi favor.

El punto ha quedado claramente expuesto.